TPP: Derechos Digitales denuncia que el gobierno chileno suscribió el acuerdo “a ciegas”

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La organización Derechos Digitales ha sido uno de los organismos más insistentes en cuestionar el ingreso de Chile en el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). El país es uno de los cuatro fundadores del acuerdo en 2005 (junto con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei). Sin embargo, con la entrada de Estados Unidos en 2008, las reglas del acuerdo cambiaron hasta convertirse en lo que conocemos hoy en día: un documento que se negocia en secreto y que busca favorecer los intereses de diferentes industrias.



En abril de este año, Chile fue anfitrión de una ronda informal de negociaciones (como la que tendrá lugar en México a mediados de noviembre). A raíz de esa reunión, Derechos Digitales hizo una solicitud de acceso a la información a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DIRECON), la cual les fue negada y los datos fueron puestos como clasificados.


En mayo, Geraldine Juárez publicó una breve entrevista con Claudio Ruiz, Director de Derechos Digitales, en la que se evidencia el desconocimiento al interior del gobierno chileno sobre el estado de la negociación:



Más allá de lo insólito de la respuesta del Gobierno, creo que es demostración de lo confusas de nuestras políticas al respecto. Al mismo tiempo que el presidente de la República afirma que Chile firmará el tratado (cuyo texto y alcance nadie, salvo los negociadores, conoce), la Dirección de Relaciones Internacionales de la Cancillería sostiene el carácter reservado de las negociaciones, la Presidencia declara no tener antecedentes de las mismas.



Esto lo ha confirmado Derechos Digitales en su sitio web, donde afirman que el gobierno chileno fue incapaz de mostrarles antecedentes que justificaran la suscripción de TPP. La organización halló que no existen informes económicos, jurídicos ni políticos que respalden esta decisión. Nadie -ni la Presidencia de la República ni la DIRECON- fue capaz de sustentar con evidencia los motivos para unirse al acuerdo.


Además, tras recurrir ante el Consejo para la Transparencia, Derechos Digitales recibió de DIRECON dos informes elaborados en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los cuales no están vinculados de ninguna forma con la negociación de TPP. Es decir, o la información sobre el acuerdo es inexistente, o la que se presenta es errónea y sesgada -ya que el Consejo Empresarial de APEC, quien elaboró uno de los informes entregados, tiene intereses en que Chile suscrita TPP-.


Sobre el contenido de TPP, la DIRECON se negó a proveerle a Derechos Digitales una copia del capítulo de propiedad intelectual y comercio exterior, bajo el argumento de que dicha información es secreta; lo cual, es cierto, puesto que los firmantes de TPP han acordado que -se apruebe o no el documento- los detalles permanecerán inaccesibles por un tiempo. Ya que revelar el texto “podría afectar el interés nacional y las relaciones exteriores de Chile”, ni el Consejo para la Transparencia pudo hacer algo al respecto.


Esta suscripción injustificada del caso chileno me recuerda mucho a la situación de México respecto a TPP. Hasta donde se sabe, no hay más justificaciones que las oficiales, donde se exponen cifras y cifras, pero no se abordan los puntos exactos del acuerdo. El informe que presentó Secretaría de Economía al Senado sólo repite el mantra de que TPP es “la negociación comercial plurilateral más relevante y ambiciosa a nivel internacional”, pero falla en dar un diagnóstico (aunque sea básico). Al contrario, está repleto de omisiones sobre la opacidad, la nula capacidad de veto o las implicaciones en temas de interés público.


En tierra de ciegos, el copyright es el rey.












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